Blog ¿Llamada a la okupación?

¿Llamada a la okupación?

10 de Febrero de 2020 Xesús Cordeiro Vilán


Un cambio de último momento en el decreto de vivienda que entró en vigor la semana pasada en Cataluña permite llegar a legalizar la okupación de viviendas que ya ha sido denunciada.


Una frase, 33 palabras, el abismo. Así puede resumirse el efecto que tiene en el mercado residencial catalán el cambio de última hora que el gobierno de la Generalitat, todavía presidido por Joaquim Torra, introdujo en el artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019, norma que fue convalidada la semana pasada, poniendo así la alfombra roja a la legalización de la okupación en Cataluña.


La diferencia entre la primera redacción de la norma, del pasado diciembre, y la nueva y definitiva, aprobada apenas tres semanas antes de la convalidación del polémico decreto, es la desaparición de una frase que, de facto, permite legalizar la okupación incluso en los casos que están ya denunciados.

 

La versión original de la frase final de este artículo era la siguiente: "La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda, salvo en el caso de que la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía (dos años)".

 

Pero, el pasado 21 de enero, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, se omitió esta excepción a los casos ya judicializados, lo que conlleva que se pueda considerar vacía una vivienda cuando no está legalmente habitada, no porque su dueño no quiera, sino porque ha sido okupada, hecho evidente al haberse denunciado, pero insuficiente a los ojos del Gobierno de Torra.

 

Al poder considerarse vacías, estas viviendas podrán pasar a formar parte de la bolsa de hogares que la Generalitat puede expropiar para ampliar el parque de vivienda social, una de las grandes asignaturas pendientes de esta comunidad, que figura a la cola en políticas de vivienda.


Las consecuencias de esta norma no se han hecho esperar y en el sector se multiplican las voces que advierten sobre las nefastas consecuencias que tendrá este decreto en el mercado inmobiliario catalán, en forma de frenazo a la actividad y a las inversiones. Pero el problema de fondo es mucho mayor, ya que el principal temor es que haya una llamada a la okupación en una ciudad como Barcelona, que ya es la principal plaza de los movimientos antisistema en España.

 

Esta nueva ley considera que cualquier persona, tanto física como jurídica, dueña de más de 15 viviendas está obligada a ofrecer una renta social por un periodo inicial de siete años, pero que puede llegar hasta los 14 años, a familias en riesgo de exclusión, que se les acabe al contrato de alquiler o que estén en proceso de desahucio. Además, en el caso de entidades financieras, filiales inmobiliarias de bancos, fondos y gestoras de activos inmobiliarios, están obligados a ofrecer un alquiler social en los casos de ocupaciones ilegales de más de seis meses.

 

Fuente (El Confidencial). Puede leer la noticia completa en el siguiente enlace: https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-02-10/torra-decretazo-vivienda-cambia-legalizar-okupacion-denunciada_2447527/

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